El ingeniero y exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino acude hoy ante la fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, para rendir declaración jurada en la investigación que se sigue por la expropiación del relleno donde el Grupo Figali Internacional construía la marina de Amador.
En un comunicado de prensa, Vallarino confirmó que, de manera voluntaria, asistirá a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para declarar sobre este caso. ‘Siempre he estado dispuesto a colaborar con las autoridades', agregó el exministro de la administración de Ricardo Martinelli.
Vallarino fue un testigo presencial de los actos del 7 de julio de 2009. Aquella mañana, el entonces presidente Ricardo Martinelli, junto a parte de su gabinete, se acercó mazo en mano al área y destruyó la cerca perimetral (cuyo costo estimado era de $300 mil) de un relleno concesionado a Grupo F. Internacional, para la construcción de la marina de Amador.
En su comunicado, el empresario recalcó que, como ministro de Estado, siempre actuó en el marco de la ley.
Juan Carlos Araúz, abogado de la defensa de Figali y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que el exfuncionario ‘deberá justificar qué hacía en los terrenos que estaban amparados en una concesión vigente y sobre los que no existía un proceso judicial que amparara la presencia de ningún funcionario para expropiar el área'.
El jurista agregó que Vallarino debe ayudar a aclarar quién dio la orden y en qué resolución estaba amparada la expropiación.
Además, el representante del empresario de origen libanés también busca aclarar qué quiso decir Vallarino cuando, en unas recientes declaraciones, señaló que la irrupción en la marina fue ‘un acto mediático' del gobierno de Martinelli.
El exministro ha sido también mencionado en la investigación por presunto delito contra la administración pública por parte de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que en virtud de un contrato declarado ilegal ganó $54 millones en comisiones por gestionar cobros de impuestos morosos.
El contrato 100 del 25 de agosto de 2010, con el cual la sociedad anónima inscrita en la ficha 433694, rollo 466885, imagen 1, inició su labor como gestora de cobros morosos estatales, fue firmado mientras Vallarino era responsable de la cartera de Economía y Finanzas.
Alberto Vallarino es responsable, asimismo, de fijar, en agosto de 2010, la fianza para contratar, de forma directa y por una cuantía indeterminada, a la empresa que se iba a encargar de los cobros y que, en menos de quince días, resultó ser Cobranzas del Istmo, S.A.
El propio exministro Vallarino llevó a Luis Cucalón, el exdirector de ingresos que firmó el contrato y que hoy se encuentra en prisión preventiva por este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando asumió su dirección en 2009.
En ese caso, adelantó Vallarino, también estará colaborando con el Ministerio Público.
La Estrella de Panamá conoció de uno de los abogados de la defensa del exdirector de ingresos que el exministro podría ser notificado hoy sobre su citación como testigo del caso mientras rinde su declaración jurada ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción por la expropiación de bienes a Figali.
‘Los abogados (Víctor) Chan y (Carlos) Benítez vamos a hacer nuestro trabajo, caiga quien caiga', dijo este último a este medio la mañana de ayer.
Sumado a este escenario, la Fiscalía Auxiliar confirmó este jueves que recibió la solicitud de citar a Alberto Vallarino como testigo en el caso Lucom, sobre la disputa de la Hacienda Santa Mónica.
La solicitud fue hecha por Mario Velásquez, exnotario que redactó el testamento de William Lucom, quien a su muerte dejó una herencia de $50 millones (Hacienda Santa Mónica) que desató una disputa entre su viuda, Hilza Piza, y su albalcea, Richard Lehman.
Actualmente, Hacienda Santa Mónica, en la provincia de Coclé, está siendo administrada por el grupo inmobiliario Verde Azul, que representa Alberto Vallarino.
