Cuatro de las trece personas que presentaron querellas por los pinchazos telefónicos en la administración de Ricardo Martinelli (2009 - 2014) solicitaron una compensación económica, por daños ocasionados, de $56 millones.
El expresidente Martinelli, o en su defecto el Estado, deben responder por esta suma de dinero en caso de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo condene por ordenar al Consejo de Seguridad Nacional (CNS) intercepciones ílicitas para fines políticos.
Tres de las solicitudes de los querellantes fueron adheridas a la acusación que realizara el magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, por el supuesto delito contra la inviolabilidad del sectreto y el derecho a la intimidad. Ellos fueron Balbina Herrera ($30 millones), Mitchell Doens ($20 millones) y el periodista del diario La Prensa Ruben Polanco ($5 millones). El abogado Rosendo Rivera presentó acusación autónoma y cuantificó los daños por $955. Juan Carlos Navarro se adhirió a la acusación del Fiscal, aunque no presentó resarcimiento.
Mientras que el doctor Mauro Zuñiga señaló que en el transcurso del proceso solicitará también una indemnizacion de un mínimo de $10 millones por las afectaciones ocasionadas tras las intercepciones telefónicas y la persecución de la que asegura fue vícitma por parte del expresidente Martinelli.
El resto de los querellantes (Zulay Rodríguez, Miguel Antonio Bernal, Bernabé Pérez, Javier Ujuleta, Mitchell Doens, Francisco Cárdenas, José Luis Varela) no han presentado solicitud de reparación económica.
Francisco Cárdenas, expresidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se abstuvo de solicitar compensación, porque considera que la justicia panameña esta ‘enredada'. A su juicio, el proceso esta ‘sesgado y se merecen ser castigadas todas las personas que han incurrido en esta práctica', incluyendo aquellas que lo han hecho previamente.
Doens, también miembro del PRD, justificó su solicitud alegando que la práctica ilegítima del exgobernante panameño afectó su faceta política y sus negocios.
La indemnización solicitada, según Doens, fue estimada por sus abogados Luis Gómez y Roberto García, al evaluar los daños políticos y laborales causados por las interceptaciones. Según Doens, entre estas oportunidaes identificó ‘la pérdida de las elecciones en 2014 y la coyuntura para aspirar a asesor o miembro de un gobierno'.
Su copartidiaria y excandidata presidencial, Balbina Herrera, asegura que, en su caso, los daños ocasionados por los pinchazos telefónicos son incalculables, por haber afectado su diginidad y vida privada.
Como producto de las escuchas telefónicas, fue condenada a tres años de prisión e inhabilitación de funciones públicas por revelar correos que vinculaban al expresidente con el caso de corrupción Finmecánica. ‘Usó el CSN para perseguir a sus opositores', aseguró Herrera.
Entre las medidas aplicadas a la excandidata presidencial estuvo la de país por cárcel. Y agrega que el expresidente uso términos despectivos para referirse a su persona ¿Quién me devuleve la libertad de esos 32 meses, y mi honor como mujer y mi credibilidad política? se pregunta. Herrera fue indultada por Martinelli, al final del cumplimiento de su condena.
Otro de los afectados, el periodista Ruben Polanco, considera que sus derechos humanos fueron violados sin contar las consecuencias psicológicas sufridas por la constante zozobra que le provocaba el hecho de estar siendo escuchado.
Polanco señaló que en su caso fue su abogada Cecilia Torres quien se encargó se estimar la indemnización económica.
En una denuncia interpuesta, Rivera alega que el presidente violó su derecho al secreto y a la intimidad contemplado en los artículos 167 y 168 del Código Penal.
El jurista, también exabogado de Martinelli, contactó a cinco peritos (psicológo clínico y de imagen, trabajadora social, psiquiatra general y contador público autorizado) para sustentar el perjuicio económico causado a raíz de las intromisiones en su vida personal, profesional y familiar
EL ESTADO RESPONSABLE
Considerando que la ejecución del hecho punible se realizó mientras Martinelli era presidente, el Estado panameño debe ser solidariamente responsable de los daños materiales y morales causados, sustenta la querella interpuesta por Rosendo, Rivera & Asociados. La firma de abogados respalda su postura en el Decreto Ejecutivo número 263 de 19 de marzo de 2010.
En el pasado, el Estado panameño también tuvo que cancelar fuertes sumas de dinero a varios fiscales destituidos bajo la entonces administración de la procuradora y hoy diputada Ana Matilde Gómez, luego que los afectados demandaron ante la Corte sus destituciones.
En este caso, el juez de garantías, Jerónimo Mejía, debe primero establecer si existen los méritos suficientes para que se lleve a juicio al expresidente. Posteriormente, los magistrados de las Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben decidir si se condena o no. Solo si se condena se establecerán las indemnizaciones correspondientes a los afectados.
El magistrado fiscal Díaz, en su acusación, planteó cómo el expresidente creó un grupo organizado para dedicarse a estas prácticas usando equipos comprados con dineros estatales.
El fiscal halló las pruebas suficientes para vincular como autor de este delito al expresidente Martinelli, para el que pidió 21 años de prisión.
Esta investigación estabelció que hubo 150 personas que fueron afectadas por las intercepciones telefónicas.
APERTURA A JUICIO
Defensa de Martinelli pide anular acusación de Díaz
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli interpuso un ‘incidente de objeción', contra la actuación del magistrado fiscal Harry Díaz, quien formuló una petición de apertura a juicio por los supuestos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimimidad en el caso de las escuchas telefónicas.
El magistrado fiscal pidió al juez de garantías Jerónimo Mejía ponerle fecha al acto en el que se acusará formalmente al exmandatario.
El recurso de la defensa del expresidente, presidida por Rogelio Cruz, busca la nulidad absoluta de la acusación y de la petición de apertura a juicio que hizo el magistrado fiscal Díaz.
El jurista alega violación de los derechos y garantías constitucionales. ‘Se hizo una solicitud de apertura a juicio sin habérsele imputado al acusado los cargos correspondientes en la fase de investigación', explica el agogado de Martinelli.
El defensor, entre otros artículos y normas internacionales, explica que se infringió el artículo 340 del Código Procesal Penal que establece: ‘La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de imputación'.
Según el documento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 491 del Código Procesal Pena,l la petición de llamamiento a juicio no procede hasta tanto el juez de garantías no resuelva el recurso de la defensa del expresidente.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acusó de deslealtad a Cruz tras resolver una recusación contra el fiscal. Advirtió que Cruz no podía representar a Martinelli en este proceso porque no contaba con poder para hacerlo.
El jurista, por su parte, considera ‘injusta' la postura de la Corte. ‘Estoy reclamando el derecho a que lo juzgue un magistrado competente, independiente e imparcial, como lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte lo ha negado y me ha regañado', concluyó el jurista ante la prensa.
