lunes, 23 de noviembre de 2015

¿Qué pasa con las pruebas del robo de la Hacienda Santa Mónica?‏


El señor Charles Lucom conoció en Panamá a quien fue su compañera hasta el lecho de muerte, la señora Hilda Piza o Hilda Lucom. De familia de la alta sociedad panameña, Hilda tuvo cinco hijos antes de casarse con Wilson Charles Lucom. Ellos no objetaron públicamente las nupcias de su madre con Charles Lucom, sin embargo el empresario norteamericano nunca fue del agrado de los hijos de Hilda.

Los 5 hijos son de apellido Arias,  uno de los apellidos “yeyé” de Panamá. Para ellos Lucom no era mas que un recién llegado y a pesar de que hizo grandes inversiones en el país, entre ellas la Hacienda Santa Mónica, los Arias nunca lo respetaron como padrastro ni lo consideraron parte de la familia. 

Por todo lo anterior, Charles Lucom decidió hacer gala de su filantropía y modificar el texto de su testamento para así dar como herencia la Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, con ello se realizaría un fideicomiso millonario que disminuiría las necesidades de familias en pobreza extrema, dándole a estos niños la oportunidad de salir adelante con una vida digna y con más oportunidades de las que cuentan.

Sin embargo, luego del fallecimiento de Lucom vino una serie de movidas inesperadas, la mayoría de ellas sobrepasando la legalidad jurídica panameña. Los Arias, junto con su madre y viuda de Lucom pusieron manos a la obra para invalidar la última voluntad de Charles. Lo peor de esta historia es que lo lograron, luego de un acuerdo entre los Arias y Alberto Vallarino para una futura venta a este último si él los ayudaba a quedarse con las tierras violando el testamento, y con ello, a la justicia panameña.

Evidencias de este caso han salido a la luz pública de forma reiterada, inclusive hay grupos de panameños que se han dado a la tarea de investigar de forma independiente, pero la justicia es “ciega” ante sus demandas.

Tal es el caso de Sonia Álvarez Pérez, otra víctima de Alberto Vallarino y su grupo de abogados liderado por Infante y Morgan & Morgan. Sonia es dueña de otro grupo de tierras en Coclé, tierras que colindan con la Hacienda Santa Mónica y el desarrollo Buenaventura en Juan Hombrón. Esta panameña ha recogido una gran cantidad de evidencia que dan fe de los ilícitos cometidos por Vallarino y su gente.

¿Por qué las autoridades no dan explicaciones de cosas como las presentadas en el siguiente documento, donde Hilda Lucom solicitó un poder para la firma de Infante, abogado de dudosa reputación en nuestro país y uno de los  artífices de la anulación del testamento de Lucom? Todos los intentos de hacer justicia de la verdadera en nuestro país se detienen cuando tocan los intereses de grandes grupos económicos, pero sobre todo codiciosos.



Igual pasa en los medios, esperemos que más pronto que tarde se alcen las voces contra las injusticias que han dejado sin recursos a los niños que de verdad lo necesitan, los niños de bajos recursos de nuestra Panamá.

viernes, 13 de noviembre de 2015

Todo Panamá quiere saber quienes son los tres ministros de Sitton


Según la denuncia formulada por el señor Sitton existen tres ministros del actual gobierno, el que se ha llenado la boca con su "lucha contra la corrupción", que están siendo demandados en Estados Unidos por fraude al fisco. Sitton menciona que tiene pruebas contundentes contra los tres ministros por actos de corrupción realizados en Panamá.

Si, son tres ministros del actual gobierno "anticorrupción" que han realizado, según Sidney Sitton, actos de corrupción al ejercer sus tareas. Menos de dos años de mandato y ya están siendo acusados en otros países. Lo que genera dudas es ¿qué pensará hacer este gobierno que no ha parado de decir que lucha contra los actos ilícitos hechos por funcionarios del gobierno anterior con sus funcionarios corruptos?

No se ha visto ningún tipo de  respuesta por parte de la fiscalía panameña ante este tipo de acusaciones. Los fiscales anticorrupción deberían iniciar de inmediato una investigación, es seguro que el pueblo querrá ver un trato imparcial de esto. Que, al igual que investigan a Mulino, deben hacer lo mismo con los funcionarios activos.

Empieza a parecer que el constante ataque a los funcionarios del gobierno de Martinelli no ha sido mas que con la intención de crear una cortina que les permita actuar impunemente a ciertos personajes del gobierno actual. Si ya están las pruebas y el denunciante ¿qué mas quiere la procuradora para empezar a investigar a los ministros de Varela?

No iniciar de inmediato una investigación al respecto sería una muestra más que evidente de que la justicia en nuestro Panamá ha pasado a ser selectiva y responde a intereses específicos. Así seguiremos viendo un desfile de personajes que trabajaron en el gobierno de Martinelli mientras los "amigos" del gobierno actual continuan robando como lo denuncia Sitton.
 

viernes, 6 de noviembre de 2015

Vallarino y su afición por los robos de tierras en Coclé


Las tierras en Coclé tienen un poder en ciertas personas que los han llevado a cometer cualquier cantidad de ilícitos con tal de obtener cada vez más terrenos para su propio enriquecimiento.

Gracias a toda la situación levantada este año, se ha presentado un nuevo caso de robo de tierras por parte de Vallarino, Morgan & Morgan y Fernando Alfaro. Esta vez la víctima es Michel Servant, un canadiense que, al conocer Panamá, quedó enamorado de la costa Pacífica, por lo que decidió comprar un lote de terreno en el área de Coclé, dichas tierras colindaban con Juan Hombrón y lo que hoy en día es el desarrollo de Buenventura, propiedad de Alberto Vallarino.

El Sr. Servant no tenía idea de a quien tendría de vecino de sus tierras, mucho menos de su ambición desmedida, en las idas y vueltas del señor Servant entre Canadá y Panamá se encontró con una desagradable sorpresa. Sus tierras, según el registro, pertenecían a las del desarrollo de Buenaventura. Entre los viajes del Sr. Servant entre sus dos países la titularidad de sus tierras había sido modificada. Ahora Vallarino, de la mano de Morgan & Morgan y Alfaro (quien es director del Registro sin dejar de trabajar con la firma Morgan & Morgan) se habían adueñado de sus tierras.

Michel Servant comenzó a vivir su infierno en la justicia panameña. Luego de haber sido afectado por la modificación de los registros de su finca ha introducido innumerables recursos intentando que le sea devuelta su inversión, no solamente de dinero, sobre todo de confianza en la Panamá que le había enamorado.

Desde entonces su caso ha sido retrasado por la justicia panameña, así como el caso del señor Charles Lucom y la Hacienda Santa Mónica. Vallarino y sus secuaces han atacado a las personas que creían en el país y decidieron invertir en sus tierras, robándoles sus fincas para cubrir su avaricia sin importar que en el proceso afecte a nacionales o extranjeros, o como en el caso de la Hacienda Santa Mónica, deje sin cobijo y alimento a miles de niños pobres en Panamá.

viernes, 30 de octubre de 2015

Alfaro, Vallarino y Morgan & Morgan se quedan con Juan Hombrón


Una banda que se encarga de robarse las tierras que, por alguna razón, genere interés en el grupo, no importa qué panameño sea dueño de las mismas, ni siquiera que sean del mismo estado.

El caso de la Hacienda Santa Mónica genera mucho ruido, no solo por el haber torcido las leyes para quedarse este enorme lote de tierras perteneciente en vida al señor Lucom, sino por el crimen aun mayor de haber violado el destino que su dueño había firmado en su testamento en beneficio a los niños pobres de Panamá.

El grupo liderado por Vallarino, Alfaro y el bufet de Morgan & Morgan torcieron las leyes a su favor y, desestimando ilegalmente el testamento del señor Lucom, se quedaron con la propiedad de la Hacienda Santa Mónica.

El único paso pendiente para Vallarino y sus secuaces es la apropiación definitiva de las tierras de Juan Hombrón, que son el frente de playa de los terrenos de la Hacienda Santa Mónica. Estas tierras cuentan con una extensión de 56 hectáreas aproximadamente y son propiedad del estado desde el gobierno de Martinelli. Desde entonces Alberto Vallarino, de la mano del narcoabogado Hector Infante, la firma Morgan & Morgan y el Director del Registro Público Fernando Alfaro, han realizado de forma progresiva modificaciones ilegales de las titulaciones de los terrenos de la zona para así terminar apropiándose del último terreno que les interesa por ahora: el frente de playa de Juan Hombrón.

El señor Alfaro ha utilizado su puesto para hacer algo ilegal, porque bajo ningún concepto ni él, ni la ANATI, pueden modificar los números de las fincas expropiadas, es una grave violación de la seguridad jurídica del país. Lo peor de todo es que siendo director del Registro Público, Alfaro no ha dejado de trabajar con la firma Morgan & Morgan, con lo que comete una nueva violación a la ley.

Lo más grave de esto es la inseguridad que le generan al pueblo panameño, con estos precedentes, si el día de mañana estos señores se interesan por las tierras de cualquier panameño trabajador, no les importará modificar documentos y registros, utilizando al Director Fernando Alfaro para quedarse con tu terreno.

miércoles, 28 de octubre de 2015

Mulino con cárcel preventiva ante investigación por compra de equipos de seguridad



La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral al exministro de Seguridad Pública José Raul Mulino para ser investigado por la compra de $60 millones en municiones, granadas, lacrimógenas, armamentos y uniformes para los cuerpos de seguridad del Estado.

El actual ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, denunció un posible sobrecosto de $2.3 millones en la compra de los equipos, ya que el valor real de los implementos en el mercado local es de $21.7 millones.

Se gastaron $24 millones en total para adquirir los pertrechos.

LA COMPRA DE PERTRECHOS


Una segunda investigación tendrá que enfrentar el extitular del Ministerio de Seguridad José Raúl Mulino por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública.

Se trata del caso que abrió la Fiscalía Segunda Anticorrupción el pasado mes de abril, tras reportes noticiosos que dieron cuenta de la compra de pertrechos antidisturbios por parte del pasado gobierno, incluyendo bombas lacrimógenas, por un total de $24 millones.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscal Vielka Broce solicitó al Órgano Judicial una prórroga para seguir la investigación, que se originó a partir de señalamientos efectuados en diciembre pasado por el actual titular de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.

Según Aguilera, hubo excesos en la compra de bombas lacrimógenas y otros equipos usados para el control de multitudes, incluyendo un posible sobrecosto

de $2.3 millones, ya que el valor real de los equipos en el mercado era de $21.7 millones y los contratos fueron cerrados por $24 millones.

El gasto por $24 millones correspondió a dos compras efectuadas un año antes de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014, una por $15 millones, firmada por el entonces ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, para proveer a los agentes del Servicio de Protección Institucional –que protege al Presidente– de 60 mil bombas lacrimógenas y sus lanzadores, 324 mil proyectiles de polvo de pimienta, 900 máscaras antigás, 5 mil granadas de humo y otros equipos.

La otra adquisición, por un total de $9 millones, fue avalada por el exministro Mulino e incluyó 31 mil granadas lacrimógenas, 276 mil proyectiles de polvo de pimienta, 18 mil 500 cartuchos de impacto calibre 12, mil 550 cascos de control de multitudes e igual cantidad de equipos antimotines completos.

VINCULACIONES


Según las fuentes, la fiscalía investiga posibles vinculaciones del empresario Roberto Carretero, cuyas sociedades, presuntamente, fueron las mayores beneficiadas con la venta de municiones, granadas lacrimógenas, armamentos y uniformes para cuerpos de seguridad del Estado.

La fiscal Broce hace referencia en el expediente que los fondos fueron destinados principalmente por los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia,

autorizados para realizar las contrataciones directas con las sociedades de Carretero, bajo la condición de “Seguridad ciudadana, presidencial y del Estado”, precisaron las fuentes consultadas por este diario.

También se señala que el Ministerio de Desarrollo Social traspasó $1.2 millones al Programa de Ayuda Nacional, para la compra directa a las sociedades Ultratech International e International Munitions & Explosives.

En una nota con fecha del 12 de octubre de 2015, la fiscal segunda anticorrupción solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del exministro Mulino, prerrogativa de la cual goza por ser candidato en las elecciones internas del colectivo Cambio Democrático, a celebrarse en marzo de 2016.

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lunes, 26 de octubre de 2015

Carta en nombre de los niños panameños al sistema judicial de Panamá

Por favor, ayudanos…


En Panama hay medio millón de niños pobres, 200,000 niños viven en extrema pobreza.

Muchos de estos niños solo tienen una madre que sirve como Madre y Padre a la vez. Estas guerreras panameñas se levantan todos los días a las cuatro de la mañana con sonrisa en cara para tomar un pésimo sistema de transporte y llegar a un trabajo donde les pagan mal.

Ese es el Panama en el que vivimos, el Panama de dos países, el Panama de los que tienen dinero y el Panama de los que no tienen. Se acabó la clase media, se acabó la justicia, y se acabó la solidaridad. Vivimos en un país  donde las leyes se aplican para los pobres y no para los ricos.

Pero de vez en cuando llega a Panama un hombre rico, con un corazón grande. Esa es la historia del Sr. Lucom, un Norteamericano que hizo su plata con mucho esfuerzo y sudor en Panamá. Y cuando murió, decidió dejarle en su testamento a los Niños pobres de Panama un regalo. Les regaló la Hacienda Santa Mónica.

La Hacienda Santa Mónica queda en Antón y colinda con Buenaventura y Juan Hombrón. La hacienda tiene alrededor de 700 hectáreas de terreno y le fue regalada a los niños Pobres de Panama por el Señor Lucom como dice su testamento.

Como los Niños pobres de Panama no cuentan con un representante legal, el Señor Alberto Vallarino decide asaltar a los 500,000 niños pobres de Panama y robarles la Hacienda Santa Mónica. El señor Vallarino con sus secuaces utilizaron el corrupto sistema judicial Panameño, cambiaron el Testamento  del Sr. Lucom y se quedaron con Hacienda Santa Mónica.

Pero la pregunta que uno se hace es, de los casi cuatro millones de Panameños, ¿no existe uno que diga, basta YA!. Suficiente con el atropello? Suficiente con que sean solo los ricos los que siempre les toque todo y nada para los pobres, ¿Nada para los niños pobres de este país? ¿Es eso justicia?

Vivimos entre tanta cobardía en este mundo que no existe un país, con un sistema judicial lo suficientemente decente para llevar este caso a la corte. No existe un hombre o mujer que diga ¿¡¿¡basta YA!?!? ¡Con los Niños Pobres de Panama no se van a meter!

Este mismo atropello pasó hace más de medio siglo cuando los Nazis le robaron todas sus pertenencias a los Judíos y los llevaron a la muerte. Alberto Vallarino, le ha hecho su propio holocausto económico a los Niños pobres de Panama. Él, igual quelos Nazis, debe pagar. Alberto Vallarino puede que no venga con una esvástica pero el debe ser enjuiciado en una corte internacional. Y todo aquel que hace negocios o representa a Alberto Vallarino es cómplice del genocidio económico a los Niños Pobres de Panama.

Esperemos que alguien haga justicia pronto y le devuelvan la hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panama como quiso el Sr. Lucom en ¡SU TESTAMENTO!

martes, 20 de octubre de 2015

Fiscal de Cuentas pide auditar concesiones de hidroeléctricas



Las concesiones otorgadas a la empresa Corporación de Energía del Istmo, por parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), en la pasada administración, están en miras de la Contraloría General de la República.

El fiscal del cuentas, Guido Rodríguez, solicitó a Federico Humbert, contralor de la República, auditar las concesiones.

La petición del Fiscal, dirigida al contralor, va dirigida específicamente a la concesión y la construcción de la subestación de San Bartolo, la cual no formaba parte del plan de expansión de Etesa.

Ricardo Martinelli, y sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, presuntamente fueron beneficiaros del proyecto.

La subestación fue construida a un costo de $13 millones, para beneficiar a los proyectos hidroeléctricos de San Bartolo y Las Cruces, en la cuenca del río San Pablo, en Veraguas.

La subestación que facilitaría la operación de las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces, ubicadas en el río San Pablo, provincia de Veraguas, se incluyó como una inversión de carácter estratégico, lo que significa que el costo de la construcción viene de los fondos del Tesoro Nacional, según las declaraciones del director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, emitidas por diversos medios de comunicación.

A juicio del fiscal Rodríguez, la construcción con fondos de las arcas públicas ‘pudo generar una posible lesión patrimonial al Estado al utilizarse de manera inadecuada fondos públicos para beneficio de terceros'.

La solicitud del fiscal del cuentas tiene fundamento legal en el numeral 13 del artículo 280 de la Constitución Política.

La norma citada por Rodríguez dicta que la Contraloría General debe presentar al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo, cuando surjan reparos por supuestas irregularidades, y el sustento jurídico del artículo 7 de la Ley 81 de 22 de octubre de 2013, que modifica el artículo 26 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Lo anterior es requerido para iniciar una investigación de carácter patrimonial, puesto que es imperativo que la entidad encargada de fiscalizar los bienes públicos, formule los reparos por supuestas irregularidades.

La Estrella